Maritza Torres y cesar Áreas fueron desalojados / Foto: JOSELIN CHACON

21 Mar, 2019 | La señora Martiza Torres y su esposo Cesar Áreas, empleados del rancho Vendaval del complejo vacacional Ranchos de Chana del sector Guarame del municipio Antolín del Campo, denuncia que fue desalojada del lugar de trabajo el día 18 de marzo, lugar en el cual estaba próxima a cumplir 10 años de servicio, laborando para la señora Maricela Gutiérrez, ejerciendo el servicio de trabajadora domestica y conserje.

Torres mencionó, que su trabajo consistía en atender al cliente que junto a su esposo laboraba en el rancho haciendo mantenimiento a la piscina y áreas del rancho, quien resulto afectado por una ACV en el lugar trabajando el 30 de mayo del 2018.

“Lo que pido es que me paguen y haga justicia porque fui desalojada, sacando mis pertenencias en una camión el día lunes 18 de marzo sin ninguna explicación, sin permitirme buscar lugar para vivir, después del tiempo que tengo trabajando, ese día me sacaron y mis hijas se quedaron en el rancho, tuve que pasar la noche fuera en rancho de una vecina”, acotó Torres.

La trabajadora dijo, que solicita es que le pague todo, los pagos acumulados como los 100 dólares mensuales que le pagaban a la pareja, más el sueldo mínimo calculado en los 19 mil ochocientos bolívares soberanos y el pago de su esposo como medicina e indemnización de él, por los años de servicio en el área de mantenimiento.

Torres afirmó que los abogados que la desalojaron fueron Rafael Figueroa y Schankleyr Figueroa quienes le pidieron que tenía que salir del lugar porque la dueña no la quiere en el rancho, afirmando que tenían órdenes y un poder de la dueña para hacerlo, diciendo “que si no tomaba mis cosas, igual iba a salir por la buenas o las malas”, aplicando un despido injustificado”.

Mencionó que según le dijeron los abogados a cada quien les corresponde 275 mil con 088,36 bolívares soberanos cada uno, cifra que les dijeron seria transferida en su cuenta, pero al revisar el día miércoles aun no había sido procesada.

A su vez Torres recordó que en el año 2017, pensaron irse y la señora Maricela Gutiérrez, dueña de la propiedad habló con ellos y propuso el pago de 100 dólares, porque los bolívares no alcanzaban y cada dos o tres meses enviaban el pago con su hijo u otra persona.

“Un pago que percibí hasta diciembre, pero el de mi esposo no se lo pagan desde hace un años, prácticamente casi desde que se enfermo, por lo que requerimos y exigimos que nos paguen lo que nos corresponde, porque hasta el trabajo que hacia mi esposo de limpiar la piscina lo hacía yo, por mantenerles su casa al día” recalcó Torres.